Tras una oleada de derrotas judiciales, el presidente Donald Trump est谩 contraatacando a los estados que se niegan a respaldar su agenda inmigratoria mediante una serie de nuevas demandas que plantean interrogantes legales in茅ditas sobre el alcance del poder de los gobiernos estatales y federales.
La semana pasada, el Departamento de Justicia present贸 cuatro demandas contra estados que se han negado a autorizar el uso de placas de matr铆cula sin distintivos para los veh铆culos de los agentes federales de inmigraci贸n.
Los jueces federales se han pronunciado mayoritariamente en contra de la campa帽a de Trump para obligar a estados y ciudades a cooperar con las deportaciones masivas impulsadas 鈥嬧�媝or el presidente. M谩s recientemente, un juez federal desestim贸 una impugnaci贸n presentada por Trump contra una ordenanza municipal de Boston que proh铆be a las fuerzas del orden locales proporcionar cierta informaci贸n sobre inmigrantes 鈥攁s铆 como otros tipos de asistencia鈥� a los agentes del Servicio de Inmigraci贸n y Control de Aduanas (ICE).
Dicha decisi贸n constituy贸, al menos, el cuarto fallo judicial que desestima una demanda interpuesta durante el segundo mandato de Trump contra ciudades o estados gobernados por dem贸cratas, a ra铆z de pol铆ticas que limitan el grado de cooperaci贸n brindada a los agentes federales en materia de control migratorio.
La administraci贸n Trump se est谩 topando con los mismos obst谩culos legales en estos casos que los que enfrent贸 durante su primer mandato. No obstante, persiste en su empe帽o, incluso recurriendo a instancias de apelaci贸n.
鈥淐reo que la administraci贸n percibe, desde una perspectiva pol铆tica, que este es un tema con el que pueden salir victoriosos鈥�, afirm贸 Harry Sandick, un abogado que particip贸 en las batallas legales en torno a las 鈥渃iudades santuario鈥� libradas contra Trump durante su primer mandato. 鈥淪e trata de una administraci贸n dispuesta a sufrir derrotas en los tribunales 鈥攖al como lo ha hecho en repetidas ocasiones鈥� si considera que insistir en la aplicaci贸n de una norma o pol铆tica espec铆fica le reportar谩 alg煤n beneficio pol铆tico鈥�.
El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, culp贸 a los jueces de distrito federales 鈥攍os primeros en analizar las demandas presentadas por Trump contra dichas pol铆ticas鈥� en una entrevista con Sean Hannity publicada este martes.
El 鈥渄esaf铆o鈥�, se帽al贸 Blanche, 鈥渆n lo que respecta a estas demandas contra las ciudades santuario radica en que debemos presentarlas precisamente en dichas ciudades, donde el cuerpo judicial en su gran mayor铆a mantiene una postura sumamente adversa frente a estos temas鈥�.
Si bien Blanche se mostr贸 confiado en que la Corte Suprema terminar铆a d谩ndole la raz贸n a Trump, el alto tribunal declin贸 tratar un caso de gran relevancia contra las leyes de 鈥渃iudades santuario鈥� de California, que la administraci贸n hab铆a perdido durante su primer mandato.
No obstante, est谩n surgiendo nuevas y m谩s novedosas interrogantes jur铆dicas a ra铆z de las estrategias empleadas por los funcionarios dem贸cratas para erigir nuevos tipos de obst谩culos frente a la campa帽a de represi贸n migratoria del presidente. Las disputas en torno a la prohibici贸n del uso de mascarillas por parte de los agentes federales as铆 como la negativa a expedirles placas de matr铆cula podr铆an constituir un terreno legal m谩s propicio para Trump, quien ya cosech贸 una victoria significativa esta primavera al impugnar una ley estatal que prohib铆a cubrirse el rostro a los funcionarios del ICE. 鈥淎lgunas pol铆ticas de santuario plantean: 鈥極igan, no vamos a ayudar a las autoridades federales, pero tampoco vamos a interferir en la forma en que estas realizan su trabajo鈥欌��, afirm贸 Matt Crapo, director de litigios de la Federation for Immigration Reform, organizaci贸n que aboga por leyes de inmigraci贸n m谩s estrictas y que ha respaldado a la administraci贸n en algunos de los casos actuales. 鈥淧or otro lado, los casos m谩s nuevos y recientes implican que los estados est谩n intentando, de hecho, interferir o dictar a las autoridades federales c贸mo deben desempe帽ar su labor鈥�.
Cuando Trump regres贸 a la Casa Blanca en 2025, su administraci贸n retom贸 el punto en el que hab铆a dejado su cruzada 鈥攅n gran medida infructuosa鈥� contra las pol铆ticas de santuario en los tribunales.
Una demanda presentada en febrero de 2025 contra Chicago e Illinois constituy贸 el primero de al menos nueve desaf铆os legales iniciados por la segunda administraci贸n Trump, dirigidos contra m谩s de una docena de estados o jurisdicciones locales.
Dicho litigio versa, en gran medida, sobre prohibiciones que impiden a los funcionarios estatales o locales compartir cierta informaci贸n con las autoridades federales, incluidas las fechas de liberaci贸n de inmigrantes indocumentados que han sido arrestados o detenidos por las autoridades locales.
Otras pol铆ticas impugnadas instruyen a las autoridades locales a no acatar los acuerdos de retenci贸n, solicitudes de las autoridades federales para que las personas bajo custodia local permanezcan detenidas m谩s all谩 de su fecha de liberaci贸n con el fin de someterlas despu茅s a procedimientos de inmigraci贸n. Algunas de estas pol铆ticas tambi茅n incluyen prohibiciones generales sobre el gasto de recursos para colaborar en la aplicaci贸n de las leyes civiles de inmigraci贸n.
鈥淟as leyes y pol铆ticas de 鈥榗iudades santuario鈥� est谩n dise帽adas para obstaculizar deliberadamente la capacidad de los agentes federales de inmigraci贸n para cumplir con sus responsabilidades en dichas jurisdicciones鈥�, declar贸 el Departamento de Justicia en una demanda presentada en junio de 2025 contra Los 脕ngeles, sobre la cual se espera que un juez emita un fallo en las pr贸ximas semanas.
Aproximadamente la mitad de esos casos siguen pendientes. No obstante, los tribunales de distrito que ya han emitido fallos se han puesto del lado de las ciudades y los estados, infligiendo derrotas al Departamento de Justicia en Illinois, Nueva York, Colorado y, ahora, en Boston. La administraci贸n ha estado apelando dichas resoluciones.
Algunas de estas decisiones se han fundamentado en la doctrina de la 鈥渁nticomandancia鈥� (o prohibici贸n de coacci贸n federal), que establece que el Gobierno de Estados Unidos no puede obligar a los estados a ejecutar la aplicaci贸n de reg铆menes federales. Sin embargo, en ocasiones, los tribunales tambi茅n han dictaminado que no existe un conflicto real entre la ley federal y las pol铆ticas locales en cuesti贸n.
鈥淓s probable que la administraci贸n pierda en aquellos 谩mbitos en los que intenta obligar a los estados a realizar, de manera afirmativa, acciones que el Congreso no les exige llevar a cabo鈥�, se帽al贸 Richard Painter, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota y exmiembro de la Oficina del Asesor Jur铆dico de la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush.
Durante la primera administraci贸n Trump, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito recurri贸 a una l贸gica similar para fallar a favor de California en un caso que Trump intent贸, sin 茅xito, llevar ante la Corte Suprema.
Asimismo, los intentos de Trump de presionar a las jurisdicciones santuario mediante la retenci贸n de fondos federales han sido reiteradamente desestimados en los tribunales. No obstante, su administraci贸n ha persistido en el uso de dicha t谩ctica. Los incesantes ataques de la administraci贸n Trump contra las jurisdicciones santuario ejemplifican una estrategia m谩s amplia de 鈥済obernar mediante la intimidaci贸n y la negociaci贸n鈥�, afirm贸 Anil Kalhan, profesor de la Facultad de Derecho Kline de la Universidad Drexel.
鈥淓l hecho de que existan o no fundamentos jur铆dicos es irrelevante鈥�, se帽al贸 Kalhan, comparando las disputas con los estados en materia de control migratorio con la forma en que esta administraci贸n tambi茅n ha presionado a las universidades y a la comunidad jur铆dica.
La batalla legal en torno a la cooperaci贸n estatal en la aplicaci贸n de las leyes de inmigraci贸n se adentra en un terreno cada vez m谩s incierto, debido a la escalada de los enfrentamientos sobre el terreno durante el 煤ltimo a帽o.
鈥淟a escalada (de los enfrentamientos) lo cambi贸 todo鈥�, afirm贸 Rick Su, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte, especializado en inmigraci贸n y federalismo. Impulsada por una inyecci贸n masiva de fondos provenientes del Congreso, la administraci贸n Trump inund贸 de agentes federales aquellas ciudades que se hab铆an resistido a colaborar en sus esfuerzos de deportaci贸n. Esto, a su vez, llev贸 a los estados a ensayar nuevas estrategias para proteger a sus residentes.
Los estados han descrito sus medidas 鈥攁 menudo orientadas a dotar de mayor transparencia a la forma en que los agentes de inmigraci贸n desempe帽an su misi贸n鈥� como acciones necesarias para la protecci贸n de sus residentes y plenamente amparadas por el 鈥減oder de polic铆a鈥� que la Constituci贸n confiere a los estados. Por su parte, el Departamento de Justicia ha acusado a los estados de exponer a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a situaciones de vigilancia y acoso.
Sea como fuere, la nueva oleada de litigios que impugnan dichas medidas plantea interrogantes cuya respuesta no resulta sencilla a la luz de los precedentes jur铆dicos existentes.
鈥淟os casos relativos a las 鈥榗iudades santuario鈥� guardan actualmente un gran parecido con los que se dieron durante la primera etapa de la administraci贸n Trump, por lo que sus resultados no me sorprenden鈥�, se帽al贸 Ilya Somin, profesor de la Facultad de Derecho Antonin Scalia de la Universidad George Mason. 鈥淪in embargo, en lo que respecta a otras cuestiones, el panorama resulta m谩s complejo鈥�.
Los argumentos esgrimidos por Trump contra estas nuevas leyes se fundamentan en las prohibiciones constitucionales que impiden a los estados regular el modo en que los agentes federales desempe帽an sus funciones gubernamentales, as铆 como en la prohibici贸n de promulgar leyes que discriminen al Gobierno federal.
La administraci贸n logr贸 obtener 贸rdenes judiciales que bloqueaban la aplicaci贸n de ciertas leyes de California: aquellas que prohib铆an a los agentes federales cubrirse el rostro 鈥攕alvo en circunstancias excepcionales鈥� y aquellas que les exig铆an portar distintivos o credenciales visibles que acreditaran su identidad. No obstante, tal como apunta Su, no est谩 claro si los jueces encargados de revisar leyes similares aprobadas en Connecticut y Nueva Jersey fallar谩n en el mismo sentido, dado que los estados que han legislado con posterioridad a los fallos de California han modificado sus medidas para adaptarlas a dichos precedentes.
El terreno se torna a煤n m谩s confuso en lo que respecta a las nuevas demandas que el Departamento de Justicia ha interpuesto contra los estados de Massachusetts, Oreg贸n, Washington y Maine por negarse a expedir placas de matr铆cula confidenciales a determinados agentes federales.
Por un lado, se esgrime el argumento de que los estados est谩n incurriendo en una conducta discriminatoria hacia las autoridades federales. Pero, por otro lado, los estados pueden alegar que la administraci贸n les est谩 exigiendo adoptar medidas de acci贸n positiva 鈥攃oncretamente, la expedici贸n de dichas placas鈥� con el fin de prestar asistencia a una operaci贸n de car谩cter federal.
鈥淐on esto no pretendo sugerir que el resto de los casos vayan a resultar sencillos; sin embargo, considero que este caso en particular se sit煤a precisamente en la encrucijada entre ambas posturas鈥�, concluy贸 Su.
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