Las exigencias de la adminstraci贸n Trump de obtener historiales m茅dicos confidenciales de menores transg茅nero est谩n siendo objeto de un nuevo escrutinio en los tribunales, a medida que el Gobierno intensifica sus esfuerzos utilizando un jurado investigador en Texas para obligar a los proveedores de atenci贸n de afirmaci贸n de g茅nero a cumplir con dichas exigencias.
El uso inicial de las llamadas citaciones administrativas para obtener la informaci贸n fue rechazado caso tras caso durante el 煤ltimo a帽o por juristas designados por presidentes de ambos partidos, quienes afirmaron que la administraci贸n est谩 llevando a cabo una investigaci贸n infundada sobre la atenci贸n de afirmaci贸n de g茅nero.
En un aparente intento por superar esos obst谩culos, los fiscales de Texas, donde en los 煤ltimos meses ha surgido una extensa investigaci贸n criminal sobre tratamientos de afirmaci贸n de g茅nero, est谩n solicitando algunos de los registros mediante citaciones del jurado investigador.
Al hacerlo, est谩n utilizando una herramienta hist贸ricamente dif铆cil de impugnar para obtener informaci贸n que, seg煤n observadores, no es necesaria para el tipo de investigaci贸n que se est谩 llevando a cabo, lo que alarma a los defensores y a los menores que reciben estos tratamientos, que no son ilegales a nivel federal, pero que han sido fuertemente restringidos en varios estados gobernados por republicanos.
El 煤nico juez federal en Fort Worth, donde se est谩 llevando a cabo la investigaci贸n, es Reed O鈥機onnor, nombrado por George W. Bush, cuyas credenciales conservadoras se han puesto especialmente de manifiesto en casos relacionados con los derechos LGBTQ.
鈥淓sto es inusual鈥�, declar贸 Abbe Smith, abogada penalista con larga trayectoria y profesora de la Facultad de Derecho de Georgetown. 鈥淣o se me ocurre ninguna situaci贸n similar鈥�.
Smith afirm贸 que los funcionarios parec铆an estar utilizando sus poderes procesales para 鈥渃oaccionar a la gente a acatar la hostilidad de la administraci贸n Trump hacia las personas transg茅nero鈥�.
Los padres de varios ni帽os que han solicitado a un tribunal de Nueva York que impida que un hospital divulgue su informaci贸n personal afirman en documentos judiciales que les preocupa que la divulgaci贸n de sus expedientes pueda exponerlos a represalias por parte de la administraci贸n Trump.
鈥淢e preocupa lo que pueda resultar de revelar la identidad de mi hijo a una administraci贸n hostil hacia la comunidad transg茅nero. Temo que su nombre aparezca en una lista de personas transg茅nero y que sea investigado simplemente por recibir atenci贸n m茅dica鈥�,
El presidente Donald Trump y su administraci贸n han priorizado la erradicaci贸n de este tipo de pr谩cticas desde los primeros d铆as de su segundo mandato.
Cuando el Departamento de Justicia a m茅dicos y cl铆nicas el verano pasado, declar贸 que sus investigaciones se centraban en el fraude en la atenci贸n m茅dica y las declaraciones falsas, entre otras cosas.
Al menos dos hospitales han declarado p煤blicamente haber recibido una citaci贸n del gran jurado de la Fiscal铆a del Distrito Norte de Texas: los hospitales NYU Langone y el Hospital Infantil Lucile Salter Packard de la Universidad de Stanford, ambos con programas para brindar este tipo de atenci贸n a j贸venes.
Al a principios de mayo, NYU indic贸 que figuraba entre varios hospitales que la hab铆an recibido.
La citaci贸n judicial contra la Universidad de Nueva York (NYU) solicitaba una gran cantidad de registros detallados de los 煤ltimos seis a帽os relacionados con los tratamientos de afirmaci贸n de g茅nero proporcionados por la instituci贸n. Entre ellos se incluyen registros de facturaci贸n, reclamaciones de seguros y c贸digos de diagn贸stico.
El tribunal solicit贸 al hospital que entregara informaci贸n m谩s sensible: documentos 鈥渟uficientes para identificar a cada paciente que se someti贸 a procedimientos de reasignaci贸n de sexo鈥� y todos los registros relacionados con esas personas 鈥渄esde la consulta inicial hasta el tratamiento m谩s reciente鈥�.
Tambi茅n oblig贸 al hospital a presentar los registros relativos a las autorizaciones de los padres para que sus hijos menores recibieran dicha atenci贸n.
La Universidad de Nueva York (NYU) dej贸 de ofrecer atenci贸n m茅dica de afirmaci贸n de g茅nero a menores a principios de este a帽o, luego de que la administraci贸n Trump amenazara con retirar la financiaci贸n federal al hospital.
Otros hospitales tambi茅n han suspendido sus programas ante la presi贸n de Washington.
El hospital LPCH de Stanford tambi茅n recibi贸 una citaci贸n similar del jurado el 6 de mayo, y el hospital ha dicho que est谩 negociando c贸mo cumplirla de una manera que 鈥渕itigue las posibles intrusiones en la privacidad de los pacientes鈥�, incluso entregando versiones anonimizadas de los registros solicitados por los fiscales.
En los pr贸ximos d铆as se han programado tres importantes audiencias judiciales.
Un juez federal en San Jos茅, California, celebrar谩 una audiencia de emergencia el viernes para considerar si debe impedir que el hospital de Stanford cumpla con la citaci贸n judicial con respecto a seis pacientes que presentaron una demanda el mes pasado.
El martes, en Maryland, un juez que ya rechaz贸 los intentos del Gobierno de obtener registros de un hospital en Washington, mediante una citaci贸n administrativa, considerar谩 si emite un fallo similar a nivel nacional.
A finales de este mes, un juez de Manhattan examinar谩 una solicitud de personas que recibieron atenci贸n de afirmaci贸n de g茅nero en hospitales de la ciudad de Nueva York para que se emita un fallo general que impida a los hospitales de todo Estados Unidos cumplir con las citaciones del jurado para obtener registros tan sensibles.
Mediante documentos y procedimientos judiciales, el Departamento de Justicia ha declarado que, entre otras cosas, est谩 investigando si los proveedores han promovido ilegalmente el uso no autorizado de medicamentos para la terapia hormonal de reasignaci贸n de sexo y para retrasar la pubertad en menores transg茅nero.
Los fiscales tambi茅n est谩n investigando si se han producido pr谩cticas de facturaci贸n fraudulentas en los lugares donde se han proporcionado estos tratamientos.
En una comparecencia ante un juez en Rhode Island el mes pasado, el abogado del Departamento de Justicia Brantley Mayers afirm贸 que, sin registros que identifiquen a los pacientes individualmente y a sus padres, los investigadores 鈥渘o pueden determinar completamente el alcance de la infracci贸n, identificar patrones de etiquetado enga帽oso o facturaci贸n fraudulenta, ni evaluar si la conducta se llev贸 a cabo con la intenci贸n de defraudar o enga帽ar鈥�.
CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia para obtener comentarios.
Los procedimientos del jurado investigador est谩n rodeados de secretismo, y las personas o entidades que reciben citaciones de los fiscales 鈥攓uienes pueden enviarlas sin necesidad de obtener aprobaci贸n previa鈥� no suelen revelar que han recibido una, aunque tampoco tienen prohibido expl铆citamente hacer tal divulgaci贸n.
La persona citada por un jurado puede intentar anular la citaci贸n, pero los tribunales suelen respetar la decisi贸n de los fiscales que trabajan para reunir pruebas para presentar una denuncia penal.
Sin embargo, los expertos legales afirman que los casos que buscan bloquear el cumplimiento de las citaciones del gran jurado probablemente se ven reforzados por la serie de fallos judiciales del 煤ltimo a帽o que desestimaron citaciones administrativas para obtener informaci贸n similar.
鈥淐reo que el desaf铆o para la administraci贸n actual radica en que esa presunci贸n (de buena fe) se ha visto un poco erosionada por los comentarios p煤blicos que se han hecho sobre algunos de los asuntos que supuestamente est谩n bajo investigaci贸n, los cuales socavan esa presunci贸n de legitimidad鈥�, declar贸 Joy Boyd Longnecker, una abogada con larga trayectoria en la defensa de delitos de cuello blanco, cuya pr谩ctica incluye litigios relacionados con citaciones judiciales.
En la demanda que interpusieron la semana pasada contra el hospital con sede en Palo Alto, las seis personas an贸nimas afirmaron que, si bien no desean obstaculizar el trabajo de la investigaci贸n en curso en Texas, solicitar informaci贸n confidencial que contenga nombres de pacientes y detalles sobre sus tratamientos es ir demasiado lejos.
鈥淓l Departamento de Justicia ha solicitado repetidamente la misma categor铆a de historiales m茅dicos que identifican a los pacientes bajo diferentes denominaciones legales, y los tribunales han determinado en repetidas ocasiones que dichos historiales no guardan una relaci贸n adecuada con las teor铆as de fraude o de la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosm茅ticos que alega el Departamento de Justicia鈥�, escribieron los abogados que representan a los pacientes en documentos judiciales. 鈥淓l Gobierno no puede subsanar esta discrepancia simplemente reformulando las mismas solicitudes de datos de pacientes como un proceso ante un gran jurado鈥�.
Los abogados de LPCH de Stanford declararon en documentos judiciales presentados esta semana que inicialmente recibieron una citaci贸n administrativa el verano pasado, pero que a煤n no la hab铆an cumplido cuando los fiscales la retiraron abruptamente el mes pasado y emitieron la citaci贸n del jurado.
El hospital afirm贸 que el Departamento de Justicia se ha mostrado dispuesto a aceptar los expedientes con tachaduras detalladas, pero no si los pacientes que impugnan esta medida ganan su caso.
Los fiscales le comunicaron al hospital que, de obtener una victoria del juez californiano, solicitar铆an a O鈥機onnor que obligara al hospital a entregar versiones no anonimizadas de los expedientes.
鈥淯na orden judicial podr铆a鈥� resultar en el peor escenario posible para los demandantes鈥�, escribieron los abogados del hospital.
En casi diez casos ocurridos el a帽o pasado, jueces federales de todo el pa铆s bloquearon citaciones administrativas para la entrega de documentos. Algunas de esas resoluciones se encuentran actualmente en apelaci贸n.
Los jueces cuestionaron tanto la necesidad que ten铆an los investigadores de obtener la informaci贸n como su deseo de conseguir versiones no anonimizadas de los registros, lo que habr铆a impedido que se revelaran los nombres de los pacientes y sus padres, junto con sus historiales m茅dicos 铆ntimos, a pesar de que ellos mismos no parecen estar bajo investigaci贸n criminal.
Cuando el juez John Chun, nombrado por el expresidente Joe Biden, al Hospital Infantil de Seattle, se帽al贸 la escasa evidencia presentada por el Departamento de Justicia para justificar la necesidad de los historiales m茅dicos en lo que, seg煤n le informaron, era una investigaci贸n sobre un delito federal contra la atenci贸n m茅dica.
Al parecer, concluy贸, la informaci贸n se solicitaba 鈥渃omo parte de un esfuerzo por poner fin a la atenci贸n m茅dica discriminatoria por motivos de g茅nero para menores鈥� mediante una campa帽a de presi贸n.
El juez Myong J. Joun, de Massachusetts, reprendi贸 a la administraci贸n el a帽o pasado por intentar realizar una 鈥渋nvestigaci贸n indiscriminada鈥� cuando no hab铆a ofrecido 鈥渘i una pizca de sospecha鈥� de que el Hospital Infantil de Boston hubiera infringido alguna ley federal.
鈥淩esulta meridianamente claro que el verdadero prop贸sito de emitir la citaci贸n es鈥� acosar e intimidar a BCH para que deje de prestar dicha atenci贸n y disuadir a los pacientes de buscarla鈥�, escribi贸 el juez.
La situaci贸n se torn贸 especialmente fea el mes pasado, despu茅s de que un juez de distrito designado por Trump en Rhode Island acusara al Departamento de Justicia de actuar de mala fe al intentar mantener vigente una citaci贸n administrativa emitida al Hospital de Rhode Island.
El hospital estaba negociando con el Gobierno sobre c贸mo responder a sus demandas cuando la defensora de los derechos del ni帽o del estado solicit贸 a la jueza Mary McElroy que interviniera para anular la citaci贸n.
Unos d铆as antes, las autoridades hab铆an pedido a un juez federal en Fort Worth, Texas, que ordenara al hospital cumplir con la citaci贸n, incluso mientras se encontraban en medio de las negociaciones con el hospital.
En una tensa audiencia celebrada el 12 de mayo, la jueza critic贸 duramente a los abogados del Departamento de Justicia por sus maniobras 鈥渆nga帽osas鈥� en la disputa, as铆 como por su incapacidad para responder a preguntas clave sobre por qu茅 el departamento hab铆a trasladado recientemente su investigaci贸n a Fort Worth, que describi贸 como un 鈥渇oro favorable鈥� dado que el 煤nico juez federal all铆 es sumamente conservador.
Subrayando su desconfianza hacia el Gobierno, McElroy inst贸 a cualquier otro hospital o proveedor que est茅 en conversaciones con los investigadores sobre c贸mo proceder con una citaci贸n judicial a que presente solicitudes para anular dicha citaci贸n.
Seg煤n la transcripci贸n del procedimiento, el Gobierno, dijo, 鈥渄eber铆a estar preparado para recibir miles de mociones para anular la sentencia, decenas de miles, tal vez, porque no s茅 c贸mo ninguna parte puede confiar en una conversaci贸n con el Departamento de Justicia que indique que est谩n trabajando en el cumplimiento de la ley, dado el rumbo que ha tomado este caso鈥�.
En 煤ltima instancia, McElroy anul贸 la citaci贸n administrativa, pero un tribunal federal de apelaciones de Boston dictamin贸 posteriormente que el hospital deb铆a entregar versiones anonimizadas de los registros a O鈥機onnor mientras se resolv铆an las apelaciones.
Sobre todo esto planean las preguntas de por qu茅 los fiscales han trasladado gran parte de su trabajo a Fort Worth en lugar de llevarlo a cabo en los distritos judiciales donde se ubican los hospitales en cuesti贸n.
McElroy se centr贸 en ese tema cuando intent贸 bloquear la citaci贸n judicial para el hospital de Rhode Island, que el Departamento de Justicia consideraba que su tribunal era 鈥渁f铆n a sus posiciones pol铆ticas鈥�.
Por su parte, los abogados del Departamento de Justicia que, si bien la investigaci贸n 鈥渢iene un alcance a nivel nacional, el Gobierno no decidi贸 simplemente aparcar la investigaci贸n鈥� en Fort Worth para poder solicitar all铆 贸rdenes de cumplimiento de las citaciones.
鈥淪e est谩n llevando a cabo importantes investigaciones鈥�, escribieron en los documentos judiciales, indicando que 鈥渧arios sujetos y posibles objetivos de la investigaci贸n鈥� se encuentran en el norte de Texas.
Sin embargo, el departamento tambi茅n recalc贸 en los documentos presentados ante el tribunal que sus pesquisas 鈥渘o son, ni han sido nunca, una investigaci贸n sobre pacientes o padres鈥� que buscan atenci贸n de afirmaci贸n de g茅nero.
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