Una jueza federal de Virginia ha bloqueado temporalmente los planes del gobierno de Trump para crear un fondo de casi US$ 1.800 millones destinado a compensar a personas que, seg煤n afirma, fueron blanco de ataques injustos por parte del gobierno en el pasado.
La breve orden de la jueza de distrito Leonie Brinkema establece que el gobierno no puede tomar ninguna medida 鈥渞elativa a la creaci贸n u operaci贸n del Fondo contra la instrumentalizaci贸n de la Justicia, lo que incluye la transferencia de dinero al Fondo, la consideraci贸n de cualquier reclamaci贸n presentada ante el Fondo y el desembolso de fondos del mismo鈥�.
La jueza fij贸 una audiencia para el 12 de junio para escuchar los argumentos sobre si deber铆a emitir una suspensi贸n m谩s permanente del intento del gobierno de establecer el fondo, que es impugnado por una coalici贸n diversa de cr铆ticos y entidades que afirman haber sido blanco de ataques por parte del gobierno de Trump y no ser elegibles para recibir dinero del mismo.
Brinkema, nombrada por el expresidente Bill Clinton, declar贸 que suspender铆a temporalmente el trabajo en el fondo para mantener el statu quo mientras considera la impugnaci贸n legal. Se帽al贸 que el Departamento de Justicia no se hab铆a comprometido a suspender la transferencia de fondos ni el procesamiento de pagos mientras se desarrollaban los procedimientos judiciales iniciales.
Solicit贸 al Departamento de Justicia que presentara sus argumentos legales por escrito antes del pr贸ximo viernes.
Este caso es uno de varios presentados la semana pasada contra el controvertido fondo, que se dio a conocer a principios de este mes despu茅s de que Trump llegara a un acuerdo en una demanda sin precedentes que hab铆a interpuesto contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
El fondo, que ser谩 administrado por cinco comisionados seleccionados por el secretario de Justicia, revisar谩 los reclamos presentados por personas que afirman haber sido objeto de discriminaci贸n por parte de administraciones anteriores. El cuantioso fondo proviene del Fondo de Sentencias del Departamento de Justicia, que es un fondo p煤blico reservado por el Congreso para acuerdos monetarios alcanzados por el gobierno.
Seg煤n los t茅rminos del acuerdo, el secretario de Justicia interino Todd Blanche deb铆a nombrar a los comisionados en un plazo de 30 d铆as. En una entrevista con CNN la semana pasada, declar贸 que varias personas se hab铆an postulado para formar parte de la comisi贸n. Sin embargo, la orden de Brinkema parece impedirle buscar a dichos comisionados.
En el caso en cuesti贸n, un grupo de personas y organizaciones 鈥攅ntre ellas un exfiscal federal, un destacado grupo de vigilancia gubernamental y la ciudad de New Haven, Connecticut鈥� argumentan que el fondo es inconstitucional y viola diversas leyes federales.
Impugnan espec铆ficamente la decisi贸n del gobierno de Trump de utilizar el Fondo de Sentencias para el nuevo programa, argumentando que es ilegal porque el caso legal subyacente carec铆a de fundamento, dado el papel singular del presidente como demandante y jefe del poder ejecutivo, donde se ubican las agencias que demand贸.
Sus abogados le dijeron a la jueza, cuyo tribunal se encuentra en Alexandria, Virginia, que deb铆a intervenir de inmediato porque ya estaban sufriendo da帽os irreparables debido a la creaci贸n inconstitucional e ilegal del Fondo contra la Instrumentalizaci贸n de la Justicia.
鈥淵 ese da帽o ser谩 permanente si la administraci贸n toma medidas, incluso desembolsando fondos de forma irreversible, antes de que este tribunal pueda pronunciarse鈥�, escribieron en los documentos judiciales presentados el jueves.
Se帽alaron que, seg煤n los t茅rminos del acuerdo y la orden de Blanche que establece el fondo, gran parte del programa permanece oculto al p煤blico, lo que dificulta saber cu谩nto trabajo se ha realizado y si se han desembolsado fondos.
鈥淗oy, un tribunal federal reconoci贸 la necesidad urgente de impedir que el dinero de los contribuyentes se distribuya a trav茅s de un esquema de compensaci贸n pol铆tica secreto y sin precedentes antes de que el tribunal pueda revisar completamente la legalidad de dicho programa鈥�, declar贸 Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, un grupo de defensa legal que representa a los demandantes en el caso.
CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca y el Departamento de Justicia para obtener comentarios, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.
Esta noticia se actualiz贸 con detalles adicionales el viernes.
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