La decisi贸n de la Corte Suprema del mi茅rcoles, que revierte protecciones para los votantes negros y latinos, marca otro giro dram谩tico en el largo y arduo esfuerzo de los jueces conservadores por anular medidas vitales para superar el legado de discriminaci贸n racial en Estados Unidos.
La decisi贸n tambi茅n marca un momento decisivo para el tribunal bajo la direcci贸n del presidente John Roberts, quien declar贸 poco despu茅s de incorporarse al estrado en 2005 que 鈥渓a forma de detener la discriminaci贸n por motivos de raza es dejar de discriminar por motivos de raza鈥�.
Hace tres a帽os, los jueces 鈥攃on el mismo voto de 6 a 3 que el de este mi茅rcoles鈥� pusieron fin a la acci贸n afirmativa racial en los procesos de admisi贸n a la educaci贸n superior. Esta nueva decisi贸n, que sigue a una serie de fallos encabezados por Roberts y el juez Samuel Alito que restringen el alcance de la Ley de Derecho al Voto de 1965, tendr谩 repercusiones a煤n m谩s profundas.
Considerado en su conjunto, este patr贸n significar铆a menos posibilidades para que los votantes pertenecientes a minor铆as elijan a los candidatos de su preferencia. Esto, a su vez, implicar铆a menos oportunidades para que las voces de los negros, latinos, nativos americanos y otras minor铆as tengan representaci贸n en el Gobierno.
La gravedad de tales consecuencias y las profundas divisiones entre los jueces quedaron patentes en el momento en que se anunci贸 el dictamen desde el estrado del tribunal.
Cuando Roberts revel贸 por primera vez que se dar铆a a conocer el fallo del caso de Louisiana vs. Callais, indic贸 que la opini贸n mayoritaria la tendr铆a el juez Alito. Roberts 鈥攃uya antig眉edad le otorga la facultad de asignar la redacci贸n de los fallos鈥� hab铆a encomendado el caso a un colega con quien ha colaborado estrechamente durante mucho tiempo en cuestiones vinculadas a la raza.
Haciendo caso omiso de la naturaleza hist贸rica de la decisi贸n, Alito comenz贸 con su habitual tono sobrio, detallando las actuaciones del tribunal inferior en el prolongado caso de Louisiana, que se origin贸 a ra铆z de la redistribuci贸n de distritos electorales tras el censo de 2020. Relat贸 las complejidades de la controvertida Secci贸n 2 de la Ley de Derecho al Voto, que proh铆be la discriminaci贸n, y describi贸 la evoluci贸n de los criterios utilizados para determinar cu谩ndo los votantes negros y de otras minor铆as pueden tener 茅xito al impugnar mapas de distritos que diluyen su poder de voto.
Dicha diluci贸n puede surgir, por ejemplo, de m茅todos legislativos de 鈥渇ragmentaci贸n鈥� (鈥渃racking鈥�) y 鈥渃oncentraci贸n鈥� (鈥減acking鈥�), es decir, dispersar o agrupar a los votantes negros entre distintos distritos para debilitar su poder de voto general.
Los demandantes ya no podr铆an se帽alar los efectos de la diluci贸n del voto, afirm贸 Alito. En su lugar, tendr铆an que demostrar que es probable que los legisladores estatales tuvieran un prop贸sito discriminatorio o, tal como Alito detall贸 en su opini贸n, que 鈥渓as circunstancias den lugar a una fuerte inferencia de que se produjo una discriminaci贸n intencional鈥�.
La declaraci贸n oral de Alito desde el estrado, as铆 como su opini贸n escrita en nombre de los seis jueces conservadores, se apoy贸 en gran medida en la perspectiva de la decisi贸n de Roberts de 2013 en el caso Shelby County vs. Holder, que sosten铆a que las salvaguardas electorales consagradas en 1965 ya no resultaban esenciales para Estados Unidos.
鈥淪e ha producido un vasto cambio social en todo el pa铆s y, particularmente, en el Sur鈥︹��, escribi贸 Alito. Adaptando una frase de la decisi贸n de Roberts de 2013, a帽adi贸: 鈥淐omo este tribunal ha reconocido, 鈥榣as cosas han cambiado dr谩sticamente鈥� en las d茅cadas transcurridas desde la aprobaci贸n de la Ley de Derecho al Voto鈥�.
Cuando la jueza Elena Kagan 鈥攓uien ocupa un asiento contiguo al de Alito en el estrado elevado鈥� tom贸 la palabra en nombre de los tres jueces liberales disidentes, se refiri贸 de manera expl铆cita y enf谩tica al caso de Shelby County y a la l铆nea de sentencias que han ido desmantelando las protecciones de los derechos electorales.
鈥淓l proyecto de este tribunal para destruir la Ley de Derecho al Voto ya se ha consumado鈥�, declar贸. Refiri茅ndose a dicha ley, afirm贸: 鈥淣aci贸 literalmente de la sangre de los soldados de la Uni贸n y de los manifestantes por los derechos civiles鈥�.
Mientras Roberts y Alito observaban a los espectadores con semblante inexpresivo, Kagan se帽al贸: 鈥淒urante m谩s de una d茅cada, este tribunal ha puesto su mira en la Ley de Derecho al Voto鈥�.
De hecho, la decisi贸n del mi茅rcoles podr铆a haber sido inevitable, dada la transformaci贸n que ha experimentado la composici贸n del tribunal desde que Roberts asumi贸 su direcci贸n hace m谩s de dos d茅cadas. Se han incorporado cuatro nuevos jueces conservadores, tres de los cuales fueron designados por el presidente Donald Trump durante su primer mandato.
Ahora, el objetivo del tribunal bajo la presidencia de Roberts se alinea notablemente con los propios esfuerzos de Trump por restringir las protecciones de los derechos electorales e influir en las pr贸ximas elecciones de mitad de mandato. Las autoridades de algunos estados dominados por los republicanos 鈥攊ncluida Florida鈥� se mostraron dispuestas de inmediato, ya el mi茅rcoles, a aprovechar el fallo para redise帽ar sus mapas electorales. Y, con lo que Kagan describi贸 como los 鈥渆st谩ndares probatorios inventados e imposibles de cumplir鈥� del tribunal, advirti贸 que la decisi贸n 鈥渄a luz verde a planes鈥� de restribuci贸n de distritos que perjudicar铆an a las minor铆as en todo el pa铆s.
Roberts ha guiado al tribunal hacia el fin de las pol铆ticas basadas en la raza en las escuelas p煤blicas, en la educaci贸n superior y, de manera m谩s amplia, en las leyes electorales. Con algunas excepciones, ha actuado en sinton铆a con Alito, quien se incorpor贸 al tribunal en enero de 2006, cuatro meses despu茅s que Roberts.
Ambos hombres fueron designados por el presidente George W. Bush y, si bien difieren en temperamento y en su consideraci贸n por las apariencias institucionales, la mayor铆a de las veces votan juntos.
Cuando Roberts ocup贸 cargos destacados en las administraciones de Ronald Reagan y, posteriormente, de George H.W. Bush durante las d茅cadas de 1980 y 1990, abog贸 por una interpretaci贸n restrictiva de la Ley de Derecho al Voto. En memorandos de aquella 茅poca, Roberts dej贸 constancia de su convicci贸n de que las protecciones federales para los votantes negros, hispanos y de otras minor铆as 鈥攅stablecidas durante la era de los derechos civiles en la d茅cada de 1960鈥� ya no se justificaban.
Solo desde que asumi贸 el cargo de presidente de la Corte Suprema ha podido llevar a la pr谩ctica su visi贸n. Una visi贸n que Alito entreteji贸 a lo largo de la opini贸n emitida el mi茅rcoles.
Incluy贸 varias referencias a la hist贸rica sentencia del caso de Shelby County. En aquel caso de 2013, la mayor铆a desmantel贸 una parte de la Ley de Derecho al Voto que exig铆a a los estados con un historial de discriminaci贸n obtener la aprobaci贸n del Departamento de Justicia antes de modificar sus procedimientos electorales.
Alito se sum贸 a su postura en 2013 y tambi茅n con anterioridad, en un caso de 2006, cuando Roberts escribi贸: 鈥淓s un asunto s贸rdido, esto de dividirnos seg煤n la raza鈥�. (Alito fue el 煤nico magistrado que firm贸 dicha opini贸n 鈥攗na disidencia parcial鈥� en el marco de una disputa sobre la redistribuci贸n de distritos electorales en Texas).
Fue durante una controversia sobre la integraci贸n escolar en 2007 cuando Roberts escribi贸 que 鈥渓a forma de poner fin a la discriminaci贸n por motivos de raza es dejar de discriminar por motivos de raza鈥�.
Alito, junto con otros magistrados conservadores, respald贸 al presidente del tribunal en aquella ocasi贸n, as铆 como en 2023, cuando Roberts lider贸 al tribunal para poner fin a la acci贸n afirmativa racial. Alito tambi茅n hizo una breve referencia a ese caso de Harvard en la jornada del mi茅rcoles.
Lo m谩s crucial para la historia de discriminaci贸n racial de la naci贸n es que la medida adoptada este mi茅rcoles debilita a煤n m谩s la emblem谩tica Ley de Derecho al Voto de 1965, una norma que otorg贸 el derecho al voto a los votantes negros y a otras minor铆as a quienes se les hab铆a impedido acudir a las urnas.
La ley de Derecho al Voto fue aprobada 煤nicamente tras el ataque del 鈥渄omingo sangriento鈥� en el puente Edmund Pettus, en Selma. Durante aquel enfrentamiento del 7 de marzo de 1965, agentes del sheriff golpearon a los manifestantes por los derechos civiles mientras estos intentaban cruzar el puente.
Dado este trasfondo hist贸rico, este 谩mbito del derecho ha suscitado desde hace mucho tiempo opiniones profundamente divididas. De hecho, ya exist铆an indicios previos de que los magistrados ten铆an dificultades para resolver la controversia surgida en Louisiana.
El caso de Louisiana se hab铆a presentado a debate por primera vez hace dos a帽os. Sin embargo, los magistrados solicitaron entonces una nueva ronda de argumentos, lo que presagiaba que el bloque conservador podr铆a estar encamin谩ndose hacia un fallo de gran calado que afectar铆a a los derechos de voto, no solo en Louisiana, sino en todo el pa铆s.
Un tribunal federal de instancia inferior hab铆a dictaminado que era probable que los legisladores de Louisiana hubieran infringido la Secci贸n 2 de la ley, y orden贸 la creaci贸n de un segundo distrito electoral con mayor铆a de poblaci贸n negra. (Anteriormente, solo uno de los seis distritos congresuales de Louisiana contaba con una mayor铆a de votantes negros).
Posteriormente, un grupo de residentes blancos impugn贸 el nuevo mapa electoral, argumentando que la medida correctiva habitual aplicada en virtud de la Secci贸n 2 constitu铆a una vulneraci贸n de la garant铆a de igualdad consagrada en la Constituci贸n. El grupo hizo referencia a la tendencia general de la Corte Suprema, cada vez m谩s marcada, de mostrarse reacia a los programas basados 鈥嬧�媏n criterios raciales.
Los magistrados se hab铆an apartado ligeramente de esa pauta en un caso de redistribuci贸n de distritos electorales de Alabama, resuelto en 2023. En aquella ocasi贸n, dictaminaron que el uso de criterios raciales no solo era admisible, sino que incluso podr铆a ser obligatorio, con el fin de compensar los efectos de un mapa electoral anterior de car谩cter discriminatorio. A partir de ahora, aquel fallo ser谩 considerado como un caso excepcional y aislado.
El mi茅rcoles, la Corte Suprema no lleg贸 expl铆citamente tan lejos como pretend铆an los demandantes blancos 鈥攓uienes aspiraban a que se prohibiera cualquier consideraci贸n de la raza como medida correctiva ante un mapa electoral presuntamente sesgado鈥�. No obstante, en el contexto altamente partidista de la redistribuci贸n de distritos, resultar谩 sumamente dif铆cil para cualquier demandante aportar pruebas de que un distrito electoral concreto fue trazado no por motivos pol铆ticos, sino con la intenci贸n espec铆fica de diluir el poder de voto de las comunidades negras o latinas.
La mayor铆a encabezada por el magistrado Alito retom贸 los argumentos de un fallo anterior, redactado por 茅l mismo en 2021, en el caso de Arizona Brnovich vs. el Comit茅 Nacional Dem贸crata. En dicha sentencia, esa misma mayor铆a de seis magistrados limit贸 el alcance de la Secci贸n 2 de la Ley de Derecho al Voto en lo referente a determinadas pr谩cticas electorales que no guardaban relaci贸n directa con la redistribuci贸n de distritos. El tribunal ratific贸 la validez de ciertos requisitos, tales como la anulaci贸n de las papeletas de voto depositadas en un distrito electoral incorrecto, as铆 como la tipificaci贸n como delito de la recogida de votos por correo por parte de terceros (una pr谩ctica que, en ocasiones, se utilizaba en las zonas tribales remotas de dicho estado).
Alito cit贸 dicha resoluci贸n como un nuevo precedente que allana el camino hacia una interpretaci贸n de la responsabilidad jur铆dica bajo la Ley de Derecho al Voto seg煤n la cual solo cabr铆a exigir dicha responsabilidad cuando la pr谩ctica en cuesti贸n est茅 motivada por un prop贸sito discriminatorio.
La magistrada Kagan no cuestion贸 la veracidad de dicha afirmaci贸n. Por el contrario, la utiliz贸 para reforzar su propio argumento: que la mayor铆a conservadora hab铆a estado preparando estrat茅gicamente el terreno para llegar a este momento, un momento que, a su juicio, entra en conflicto directo con el objetivo fundamental de la Ley de Derecho al Voto. 鈥淚ncluso despu茅s de que la Decimoquinta Enmienda prohibiera la discriminaci贸n racial en el voto, los funcionarios estatales privaron sistem谩ticamente a los afroamericanos de sus derechos electorales鈥�, relat贸 ella.
鈥淢ediante una gama de mecanismos aparentemente ilimitada 鈥攍a mayor铆a de ellos, en apariencia, neutrales en cuanto a la raza, y entre los cuales se encontraba el trazado de los l铆mites de los distritos electorales鈥�, los estados impidieron a los ciudadanos negros emitir su voto o se aseguraron de que sus sufragios tuvieran un valor pr谩cticamente nulo鈥�, escribi贸 Kagan.
鈥淟a Ley de Derecho al Voto se concibi贸 como la medida correctiva鈥�, a帽adi贸.
Roberts, en 2013, y Alito, este mi茅rcoles, reconocieron el legado que rodea a la Ley de Derecho al Voto. Sin embargo, tal como ocurri贸 en aquel hito de 2013, Alito y los dem谩s magistrados de la mayor铆a esgrimieron ese 茅xito para desestimar los efectos persistentes del sesgo racial.
鈥淣uestra naci贸n ha realizado grandes avances en la erradicaci贸n de la discriminaci贸n racial en el voto鈥�, escribi贸 Alito el mi茅rcoles, citando a Roberts en 2013. 鈥淵 si, como resultado de este progreso, resulta dif铆cil hallar pruebas pertinentes relativas a una discriminaci贸n intencional en el voto en la actualidad, ello constituye un motivo de celebraci贸n鈥�.
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